La Administración de Justicia Andalucía atraviesa una situación de crisis y caos sin precedentes. Y es que pese a que Andalucía tiene transferidas las competencias de Justicia desde 1997, el servicio se imparte en peores condiciones que en otras comunidades autónomas.
En relación a la Administración de Justicia Andalucía, el TSJA estima que son necesarias, al menos, la creación de 1.200 nuevos puestos de trabajo, que habría que sumar a las 1.700 vacantes pendientes de cubrir por funcionarios titulares. El 30% de los funcionarios judiciales andaluces son interinos.
Estas son las cifras que recogen la situación de crisis 2015 en la Administracía de Justicia Andalucía:
La Consejería de Justicia únicamente cuenta con un 70’8% de funcionarios titulares para atender la totalidad de los puestos de trabajo correspondientes a los Juzgados y Tribunales actualmente en funcionamiento.
Para cubrir ese déficit de 1.719 plazas, las Delegaciones Provinciales de Justicia sólo pudieron disponer de 1.178 funcionarios de la Bolsa de Interinos y, agotadas éstas prácticamente en todas las Delegaciones, fue preciso acudir, para cubrir esas vacantes, a la contratación, al menos en el período de estudio, de 399 trabajadores demandantes de empleo ante el SA.E., que, con nula experiencia y sin preparación previa se vieron, de pronto, convertidos en funcionarios de Justicia al frente de un ingente volumen de expedientes, incapaces de tramitar e incluso de comprender. Aun así, se encontraban sin cubrir en Andalucía 142 puestos de trabajo en órganos judiciales.
La Administración de Justicia Andalucía padece, pues, un alarmante déficit en la plantilla de funcionarios de justicia que han de proveer los órganos judiciales de Andalucía e incluso un menos justificado déficit en su bolsa de funcionarios interinos, con singular y grave incidencia en las provincias de mayor número de puestos de trabajo, como son, por este orden, Sevilla, Málaga y Cádiz.
En la Administración de Justicia Andalucía es urgente la cobertura y provisión real de las más de 1.700 plazas vacantes pendientes de asignar a funcionarios titulares y, al margen de estas plazas creadas pero no dotadas, insistimos, es prioritario, también, actualizar e incrementar la planta funcionarial de numerosos órganos judiciales.
